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Sernageomin en caída libre: falta de musculatura de organismo fiscalizador pone en peligro proyectos de inversión minera

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Integrantes de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados pedirán mayores recursos para el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), cuyos funcionarios acusan un estancamiento presupuestario que –ya extendido en el tiempo e inflación mediante– supone, en los hechos, que cuenta con cada vez menos herramientas para realizar una labor clave para el país: la fiscalización de la seguridad en las faenas mineras. El tema es motivo de conversación luego del socavón que produjo una mina de Tierra Amarilla, y esto porque el caso alimenta la creciente animadversión que generan estos desarrollos en otras tantas localidades del país, donde las comunidades se muestran cada vez más decididas a evitar que estos puedan avanzar. “La falta de recursos en Sernageomin es un problema que el Gobierno debe revisar y desde la comisión pediremos explicaciones. Yo creo que debe existir una autoridad fiscalizadora robusta y con recursos”, señala el diputado Álvaro Carter (UDI), ya que de lo contrario los conflictos socioambientales escalan hasta poner en riesgo la concreción de los proyectos de inversión.

 

El reportaje del programa ‘Informe Especial’ sobre un enorme socavón en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama, provocó un verdadero remezón en el ámbito vinculado a la explotación minera y en el Congreso. Las tareas pendientes que reconoció la minera Ojos del Salado, compañía que explota el yacimiento Alcaparrosa, generó una intensa conversación sobre la necesidad de aumentar la fiscalización de las empresas, incluyendo a Codelco, a efectos de contrarrestar el deterioro reputacional que sufre la industria y que está en la base –creen muchos– del rechazo que despiertan los anuncios de inversiones en las comunidades aledañas, además del consiguiente retraso que experimentan estos desarrollos, impactando así severamente en las expectativas económicas en un periodo particularmente complejo.

Empresarios, académicos y profesionales vinculados al rubro reconocen que se hace difícil remar en estas condiciones. La dilación de permisos y la judicialización han llevado a retrasar o cancelar proyectos clave en esta industria y están cada vez más conscientes de que las promesas de prosperidad compartida han perdido el encanto que tenían décadas atrás, cuando el anuncio de una inversión minera en las inmediaciones era motivo de júbilo. Si bien la minería representa menos del 15% del Producto Interno Bruto (PIB), la industria sigue siendo por lejos el producto estrella de la canasta exportadora: genera prácticamente la mitad de todo lo que se exporta.

Pero la conversación ha ido más allá, pues en el ámbito político se ha instalado una convicción junto con una preocupación. La convicción es que las industrias, que son claves en materia de crecimiento, deben ser respetuosas tanto de las comunidades como de la ecología y, desde luego, observantes de la normativa para la seguridad minera, debido a los riesgos que supone, por ejemplo, el desplome de un muro de contención de un tranque de relaves. La preocupación, en tanto, se instala en los numerosos conflictos socioambientales que obstaculizan toda clase de proyectos en las más diversos sectores. Esta inquietud llega de la mano del problema que angustia a los trabajadores del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), organismo que vela, entre otros aspectos, por la seguridad en las faenas mineras: un severo estancamiento presupuestario que pone en riesgo su capacidad fiscalizadora, fenómeno que a la larga propiciaría hechos como el sucedido en la comuna de Tierra Amarilla.

Así las cosas, se prevé que los futuros proyectos mineros enfrenten una tenaz resistencia en las comunidades, poniendo en riesgo iniciativas que bien ayudarían a emitir señales algo más positivas a la economía nacional.

La preocupación entre los trabajadores del Sernageomin es enorme y creciente en el tiempo, y la razón es que el presupuesto, por ejemplo, “es solo de continuidad desde hace ya varios años, no dando espacio a para un crecimiento sustantivo en comparación con el aumento de tareas asignadas al servicio”, según sostiene Óscar Barrueto, presidente de la Asociación de Funcionarios de Sernageomin (Afuser), quien recuerda que el servicio no solo realiza una fiscalización para certificar el cumplimiento de la normativa en seguridad de las faenas mineras, sino que además cumple con la revisión de proyectos mineros y planes de cierre, monitorización vulcanológica, desarrollo de cartas geológicas, elaboración de mapas de riesgo volcánico, asistencias técnicas y emergencias geológicas, etc.

¿De cuánto hablamos? Barrueto detalla: “El presupuesto 2023 alcanza a 31 mil millones de pesos, que es lo que aparece en la página de la Dirección de Presupuestos (Dipres), la cual en términos brutos muestra un aumento de menos de un 9% en comparación con el año 2022. Este aumento, llevado al contexto del país, ni siquiera alcanza a cubrir el IPC anual proyectado por el Banco Central al mes de diciembre, que sería de un 12%, según información presentada en septiembre en el Informe de Política Monetaria (IPoM) por el mismo Banco Central”.

“Para la importancia que debiese tener Sernageomin, siendo un país donde la minería ocupa un rol gravitante en la economía –en que además el organismo fiscalizador y técnico debe desarrollar un trabajo de calidad y abarcando la mayor cantidad de tareas que debemos realizar– este presupuesto es insuficiente”, subraya.

El dirigente sostiene que el aumento presupuestario solo se ha producido frente a dos hechos que provocaron conmoción nacional: la erupción del Volcán Chaitén en 2008 (lo que permitió crear la Red Nacional de Vigilancia Volcánica) y el accidente de los 33 mineros atrapados en la mina San José, en 2010. “Desde el año 2013 que no se han considerado incrementos presupuestarios que puedan atender proporcionalmente las tareas que se han seguido incorporando”, puntualiza Barrueto.

Haciendo magia con la misma plata

Los trabajadores señalan que, pese a la estrechez de recursos, se las han ingeniado para avanzar en el cumplimiento de su misión institucional. No obstante, sostienen que el problema es que el estancamiento presupuestario –que es lo mismo que una disminución cuando se cronifica– ha impedido el aumento de dotación en áreas en que esto se requiere. Por ejemplo, afirman que abundan los casos de asociados o funcionarios que se acogen a retiro y no son sustituidos a tiempo en las mismas áreas y funciones, a la vez que ha aumentado el ingreso de proyectos para revisión, especialmente en periodos de alza en el precio del cobre, incrementando con ello la carga laboral.

Otro aspecto crítico dice relación con las dificultades para renovar la flota de vehículos, lo que obliga a acomodar los programas de trabajo en los distintos frentes: fiscalización, investigación de accidentes, inspección de propiedad minera, etc.

“Hemos levantado estas carencias y deficiencias en diferentes reuniones con las autoridades del servicio, también con la ministra (de Minería) Marcela Hernando y su equipo en el mes de agosto, y en el mes de marzo lo habíamos hecho con el subsecretario Willy Kracht, instancias en las que hemos planteado la necesidad de contar con un presupuesto acorde a lo que necesita un servicio que protege la vida y salud de los trabajadores y la comunidad, y que tiene un rol relevante para el país”, recalca Barrueto. El problema es que, a juzgar por el presupuesto presentado por el Gobierno, sus rezos no fueron muy escuchados.

Pero hay más, pues siempre se puede estar peor: los trabajadores comentan que la estrechez de recursos les impide adquirir el equipamiento necesario para la fiscalización, la investigación de accidentes y labores de geología, “para lo que es clave contar con equipos para trabajo en terreno, oficinas, equipos de mediciones modernos, instrumentos específicos, GPS, cámaras, drones”, subraya el presidente de Afuser. A lo anterior se suma un congelamiento en la capacidad de adquirir nuevas tecnologías que propicien la modernización de oficinas de partes o la implementación de sistemas tecnológicos para manejo de información, etc. Ni hablar de otro aspecto clave: se ha reducido ostensiblemente la posibilidad de diseñar un programa robusto de especialización y capacitación para los funcionarios del servicio.

“Tenemos un Gobierno que dice respaldar, proteger el derecho de los trabajadores, y sería una total inconsecuencia rebajar el presupuesto de una entidad que, justamente, debe velar por la protección y buen vivir de nuestra fuerza de trabajo en la minería. Por esto, solicitaré que se invite a exponer a los funcionarios de Sernageomin a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados”, declara el integrante de dicha instancia, Christian Matheson (Evópoli).

En tanto, el diputado Álvaro Carter (UDI) complementa lo dicho por Matheson: “La falta de recursos en Sernageomin es un problema que el Gobierno debe revisar y desde la comisión pediremos explicaciones. Yo creo que debe existir una autoridad fiscalizadora robusta y con recursos, que sea capaz de adelantarse y prevenir situaciones tan graves como las de Tierra Amarilla”.

Con todo, sin embargo, los funcionarios de Sernageomin reconocen que han tenido un diálogo más fluido con el actual Gobierno que con el anterior, que ni siquiera atendió a sus solicitudes para reunirse, en el marco de la Ley del Lobby, con el Ministerio de Minería y la Dipres. “La mirada del Ejecutivo (encabezado por Sebastián Piñera) fue de total impulso a la iniciativa privada, algo necesario para el desarrollo del país, pero que no necesariamente va de la mano con el rol que debe desarrollar principalmente el servicio”, apunta el dirigente.

No obstante, los cálculos que sacan en el Ministerio de Minería son distintos y afirman que no habría tal merma en el presupuesto, al tiempo que destacan el avance de otras iniciativas en favor de la seguridad operacional de la minería. “El Programa de Seguridad Minera mantiene la dotación de fiscalizadores y se enfoca en el desarrollo de un sistema de fiscalizaciones dinámicas. Para eso, Sernageomin implementó el sistema ‘Proyecto BI’, plataforma digital que consiste en un conjunto de herramientas utilizadas para procesar e interrelacionar toda la información que se genera y recoge durante procesos de fiscalización, lo que permite mejorar la productividad y focalizar con mayor efectividad la acción preventiva y fiscalizadora, optimizar los recursos, y mejorar la gestión. Asimismo, se está ejecutando un proceso paulatino de renovación de 10 camionetas de la flota de vehículos del Servicio que se inició en 2022”.

La cartera informa además que “desde 2010 a la fecha, se aumentó el presupuesto de Sernageomin y los fiscalizadores se incrementaron desde los 14 que existían hace una década a los 66 que hay actualmente, mientras que se cuadruplicaron las fiscalizaciones, y junto al aporte de la industria, se ha logrado una disminución de 75% en el número de accidentes en los últimos 11 años (hasta 2021), siendo la minería uno de los sectores con la tasa más baja de accidentabilidad a nivel nacional”.

Cuidar la minería

Pero hay un problema en el horizonte. Y es que, conforme baja la ley del mineral en zonas donde el recurso ya ha sido intensamente explotado, como en el Norte Grande –donde la vastedad y el despoblamiento geográfico facilitan el desarrollo de estos proyectos–, la industria empieza a mirar hacia el centro del país, donde la minería puede colisionar con la vocación productiva original, en este caso la agricultura, algo complejo, considerando la crisis ambiental y climática, así como la profunda desconfianza de las comunidades.

El integrante de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, Christian Matheson (Evópoli), concuerda en que una tarea clave del sector es recomponer las confianzas perdidas y que, para ello, resulta clave ajustar y respetar tanto los estándares ambientales como operacionales. “Debemos propender a que todas las empresas, y en mayor grado Codelco, que debe dar el ejemplo, cumplan con estándares que permitan la disminución o inexistencia de accidentes que afecten a sus trabajadores. Más en tiempos en que se ha podido apreciar una marcada accidentabilidad, especialmente en las labores de Codelco”, recuerda Matheson, quien pone énfasis en que este tipo de problemas se suscitan en los sectores público y privado.

Matheson declara al respecto: “Es imprescindible que además se cumpla con toda la legislación medioambiental vigente y fiscalizar que esta se cumpla”, y que todas las acciones en esa dirección deben “ser en terreno y no de escritorio”. Su colega UDI Álvaro Carter cree que este Gobierno debe fortalecer el músculo fiscalizador del Estado, ya que “el desarrollo de la industria de la minería es sumamente relevante para el país, pero esta no debe ser a cualquier costo. Yo no creo que la autorregulación sea el camino”, recalca el diputado.

“Debe existir una buena combinación entre compromiso de los privados y una autoridad con recursos importantes en materia de fiscalización. Si no se respeta el entorno y las comunidades, difícilmente la ciudadanía verá con buenos ojos el desarrollo de proyectos mineros en sus territorios”, añade el parlamentario gremialista. En esto, al parecer, hay consenso como en ningún otro tema dentro del Congreso.

Otro integrante de la comisión, Sebastián Videla (Ind. con cupo PPD), estima que es urgente destinar mayores recursos al servicio, pues cree que es fundamental supervisar permanentemente a la minería, y por ello es que él mismo ha realizado tareas fiscalizadoras en terreno, remitiendo los antecedentes a todas las instituciones que correspondan. “Es fundamental que todos los organismos también se unan en dicha fiscalización para que no ocurra lo que sucedió en Tierra Amarilla”, indica el parlamentario.

El diputado Videla plantea que “todos los organismos también se unan en dicha fiscalización, para que no ocurra lo que sucedió en Tierra Amarilla. En el caso de Antofagasta, también hemos fiscalizado algunos espacios mineros que tienen irregularidades y esos antecedentes ya están en manos de los organismos correspondientes”.

Un integrante de la Comisión de Medio Ambiente del Senado comentó, a condición de mantener la reserva de su identidad, que existe plena conciencia en la Cámara Alta respecto de la urgente necesidad de establecer un nuevo trato con las comunidades, para lo cual es condición sine qua non que las industrias deban procurar un comportamiento responsable, pues de otra manera será cada vez más difícil empujar futuros desarrollos en el sector.

“No está el horno para bollos. Eso que vimos en la televisión (el reportaje de ‘Informe Especial’) no puede volver a pasar, porque precisamente eso termina espantando a la gente. Es fundamental asumir que vivimos un momento delicado, con un Gobierno que tiene problemas (…) y claro que es necesario cuidar la inversión y agilizar los proyectos, pero las empresas deben también poner de su parte y ayudarse a ellas mismas”, enfatiza.

“Esta conflictividad no es solo algo de la minería, pues lo vemos también en los proyectos energéticos, en las salmoneras, planteles de cerdos, etc. Por eso me parece necesario decirles a los gestores de empresas que cualquier negligencia, cualquier maniobra irresponsable para obtener una ganancia a corto plazo es, finalmente, una pérdida enorme a futuro. Por lo mismo, debemos ser racionales, y en lo que toca al Estado también hay que ser racionales y fortalecer las acciones fiscalizadoras porque no existe la autorregulación”, añade.

Un caso ilustrativo

Ilustrativo de los problemas que enfrenta la minería para impulsar la explotación a gran escala, más aún en la zona central, es el caso de la Compañía Minera Vizcachitas Holding (CMVH) –subsidiaria de la canadiense Los Andes Copper Ltd.–, uno de los proyectos greenfield (es decir, que parte desde cero) más importantes del país, toda vez que contempla una inversión de 2 mil millones de dólares, creando así 5 mil empleos durante la fase de construcción y otros 1.200 cuando entre en operación, para extraer 150 mil toneladas de cobre anuales en un plazo de tres décadas.

La falta de musculatura del organismo fiscalizador –señalan las fuentes– apunta en sentido contrario a revitalizar la economía a través de la inversión minera, puesto que un Sernageomin débil da pie a que los conflictos ambientales escalen, poniendo en riesgo su concreción.

En este caso particular, la comunidad de Putaendo (Región de Valparaíso, unos 15 kilómetros al norte de San Felipe) se ha opuesto tenazmente a través de sendos recursos judiciales que han ido retardando su avance, algo que preocupa en la industria, considerando la recesión económica que afectaría al país con especial crudeza este 2023. El problema es que todos tienen claro que, si hay algo roto en Chile, esto sin duda son las confianzas.

El diputado Matheson (Evópoli) cree que hay que hacer algo osado: “(Debemos) crear un fondo especial en base al royalty, para que las comunidades que se ven afectadas con esta situación puedan desarrollar infraestructura que les permita desarrollar la actividad ciudadana con armonía y no se conviertan en meros campamentos mineros”.

Pero la minería lleva tiempo afirmando que sus prácticas y sus estándares se han modernizado, al punto que hay iniciativas que han invertido en soluciones tecnológicas que permiten recuperar el agua de los relaves o instalar paneles solares en esos mismos tranques, desarrollar rajos móviles o, bien, realizar intervenciones cada vez menos invasivas, tal como Vizcachitas Holding ha logrado hacer en el valle de Putaendo con su fase prospectiva.

“Un proyecto de sondajes como el de la Compañía Minera Vizcachitas Holding no produce impactos significativos en el medio ambiente. Por ello, solo requiere de una Declaración de Impacto Ambiental y no de un Estudio de Impacto Ambiental. Solo operamos cinco máquinas de sondajes, similares a un camión repartidor de bebidas, que realizan perforaciones y sacan una barra o ‘testigo’ del diámetro de una lata de bebida gaseosa. Esos testigos son luego estudiados por los geólogos para entender la composición de las rocas y, con ello, la caracterización geológica del depósito”, informa la empresa.

Asimismo, la compañía indica que “en esta fase de exploración, el consumo de agua es mínimo y tiene por objetivo enfriar el trabajo de las coronas de perforación, muy similar al agua que usa el dentista en sus procesos. El agua que consumimos, menos de 2 litros por segundo (equivalente al consumo de un predio agrícola de dos hectáreas), la llevamos en camiones aljibe al proyecto”.

Y un dato clave: la compañía recuerda que aún “no tiene ningún proyecto minero en ejecución. No producimos cobre aún. Solo hacemos sondajes y estudios para mejorar el conocimiento y la información geológica y de ingeniería. El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero solo puede presentarse una vez que se haya avanzado o terminado la fase de factibilidad del proyecto (la siguiente fase de estudios), lo que se espera lograr no antes del 2024”.

De prosperar en la tramitación ambiental, se pondría en marcha a fines de esta década. Un proyecto minero es de tal complejidad que puede tardar décadas en comenzar a operar, por lo que la tramitación debiera ser lo más expedita posible. Para ello es exigible información precisa, clara y veraz sobre sus líneas de base, sus impactos, las mitigaciones y compensaciones. Así, el ritmo de un proyecto es tan geológico como la evolución de la roca que intenta perforar.

“Cada uno de los reclamos que se han presentado, CMVH los ha atendido y explicado a la comunidad. Como dijo el Presidente Gabriel Boric después de su reunión con el primer ministro Trudeau: estamos comprometidos con desarrollar un proyecto minero conforme a los mismos estándares canadienses de minería”, concluye la empresa.

Fte. El Mostrador

 

 

 

 

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